domingo, 6 de abril de 2008

Las historias y reclamos detrás de la crisis del agro


Después de 21 días de paro y movilizaciones por las retenciones móviles, quedaron pendientes muchas otras cuestiones que afectan directamente la vida de los hombres del campo. Desde las dificultades cotidianas para conseguir mano de obra y afrontar los altos costos de los insumos importados, hasta las críticas al Gobierno por la falta de un plan integral para el sector.

Trigo y espinas, vetustas F100 se mezclan con lujosas 4x4. Productores grandes y chicos. Productores nuevos y viejos. Todos están juntos, pero son muy distintos. No piensan lo mismo ni tienen claro cuál de las cuatro entidades agrarias que dialogan con el Gobierno los representa.
No sólo se quejan de las retenciones móviles. También de la falta de un plan estratégico para el campo. Coinciden en un rezo que asegura que la Argentina se salvó por su trabajo, una afirmación que suena, por lo menos, soberbia, sobre todo cuando se entremezcla con expresiones como “ahora que falta comida en los supermercados la gente de la ciudad se dio cuenta” o “los únicos que no lo entienden son los morochos del Conurbano”, frases que se escuchaban a los costados de la ruta 5, en los núcleos de los productores ruralistas que protestaban hasta el pasado miércoles.
El sueño del campo propio. “La bronca que tenemos por las retenciones no sólo pasa porque los costos nos subieron mucho y nos acota la rentabilidad, sino porque de aquí se llevan US$ 70 millones por año y no tenemos ni cloacas ni una ruta buena para ir a Buenos Aires.” El que habla es Carlos Olano, que tiene 55 años. Usa un gorro con visera y lentes oscuros grandes, que le tapan la mitad de la cara. Es uno de los productores agropecuarios que se mantuvieron a la vera de la ruta 5 y su intersección con la 50 durante los más de 20 días que duró el paro agropecuario.
Olano tiene el título de administrador de empresas por la Universidad de Buenos Aires, pero vive a 350 kilómetros de la Capital Federal, en Carlos Casares, donde hasta no hace mucho se dedicaba exclusivamente a administrar campos de terceros y una tarjeta de crédito local. Fue hace menos de siete años que heredó 98 hectáreas y que le compró a otro heredero otras 90, que ahora están sembradas con maíz y soja.
Olano llegó al sueño del campo propio en medio de la crisis. En 2002 el Censo Agropecuario Nacional (últimos datos disponible) estimó que un poco más de 1,2 millón de personas vivía en las 332 mil explotaciones que se contaban en todo el país.
Lo mismo le pasó a Miguel Santos, dueño de un tienda de indumentaria en Carlos Casares, que en ese entonces contaba con 41 años de edad y se compró 200 hectáreas en Carlos Tejedor, que completa con otras 300 que alquila en Pehuajó, junto a su socio Raúl Domínguez. Entre las 500 hectáreas que controlan hay ganadería, soja, maíz y girasol.
Tractores y 4x4. Olano y Santos entraron de lleno al negocio del campo cuando estaba en pleno ascenso, la hectárea valía entre US$ 2.000 y US$ 3.000 menos de lo que cuesta hoy y los precios internacionales de los commodities recién empezaban a subir su acelerada pendiente.
“Eso también da mucha bronca. Dicen que ganamos plata porque la tierra se valorizó. Eso sirve para los especuladores, nosotros no vendemos nuestra tierra”, dice Domínguez.
“Bronca nos provoca la Presidenta cuando dice que ganamos plata gracias a sus políticas. Eso no es cierto, ganamos porque el mundo demanda alimentos”, cuenta Olano mientras se sube a su camioneta modelo 2003. “No es una 4x4”, le dice a PERFIL.
A los costados del camino hay otras 40 camionetas de los productores que protestan, y Olano empieza a dar una clase de mecánica básica: “Esa dice 4x4, pero si se fija en la tracción delantera ve que no lo es”. Y así cuenta que sólo ocho de las camionetas cuentan con tracción en sus cuatro ruedas. La selección se simplifica porque la mitad de la 40 “chatas” son viejos modelos de Ford o Chevrolets, carcomidos por el óxido.
La camioneta de Olano ni siquiera es de doble cabina, por lo que el periodista y el fotógrafo van apretados junto al conductor para poder entrar en su campo. Son más de dos kilómetros que serpentean entre soja y maíz, charcos y barriales, los que hay que recorrer desde la ruta 50 para llegar al casco del campo. Allí sólo hay un galpón y una modesta vivienda en donde Martínez, hombre de pocas palabras y peón de Olano, se prepara la comida.
Del cobertizo salen dos tractores; el más nuevo es modelo ’86. “No hace falta tener todo 0 km”, se ataja Olano, que repasa las herramientas con las que cuenta: “Menos cosechadora tengo todo”, sintetiza, mientras habla de la eficiencia que el campo adquirió en los últimos años.
De allí explica el precio de las máquinas. Que una sembradora sale $ 160.000, que las cosechadoras cuestan entre 500.000 y 600.000 pesos. “Entre nosotros dos podemos hacer todas las tareas”, dice Olano señalando a Martínez.
En 2004, el INDEC encuestó a 8.100 propietarios y encargados de explotaciones agropecuarias de todo el país. El 32% manifestó haber buscado personal para incorporar al proceso productivo. Entre los demandantes, el 25% tuvo dificultades para satisfacer la demanda de mano de obra.
La demanda insatisfecha se vincula principalmente con la realización de tareas calificadas, en el 52% de los casos, y transitorias, en el 45%. Por otro lado, las tareas entre las cuales la escasez de trabajadores resulta más difundida se encuentran relacionadas principalmente con la ganadería.
Entonces, el 56% de los productores declaró que “existe escasez de mano de obra agropecuaria”. Según su percepción, ésta se relaciona con “la falta de disposición para trabajar porque existen fuentes alternativas de ingresos”, con el hecho de que “hay pocos trabajadores calificados para el desarrollo de tareas especializadas” y que “muchas personas que antes trabajaban en el sector pasaron al no agropecuario”.
Santos y Domínguez tienen a dos peones para trabajar en las 500 hectáreas que administran: “Tienen un sueldo de bolsillo de $ 1.200 y entre aportes e impuestos pagamos otros $ 600”, dice Santos, quien asegura que “es imposible tener a un peón en negro, porque es muy riesgoso. Si no tienen cobertura, con un accidente perdés el campo”, afirma.
Reclamos. Ya de vuelta en la protesta, Olano agrega: “Otra injusticia es decir que el campo no genera trabajo; cuentan a la gente que trabaja directamente en el campo y no a los que viven de la producción del campo, que son miles”.
José no quiere decirle al cronista su apellido. José, que está junto a Olano, dice que vive de cosechar en los campos donde no hay cosechadoras. Cuenta que tiene casi 20 empleados, que están todos en blanco. Y se queja: “Este año pensé que con los precios que había iba a poder pedir que me paguen $ 200 la hectárea. Entonces saqué un crédito del Banco Provincia para comprar una cosechadora nueva, que cuesta $ 580.000. Pero ahora no voy a poder cobrar más de $ 110 la hectárea. Es decir, voy a tener que cosechar 700 hectáreas para poder pagar la cuota”.
“La bronca pasa porque hace más de cuatro años que pedimos que nos escuchen y no lo hacen”, dice Alejandro Díaz, médico veterinario y presidente de la Sociedad Rural de Carlos Casares. Díaz se queja de la falta de un plan para el campo. “Mis padres tenían ganado y yo ahora siembro soja y maíz, porque a la ganadería la destruyeron”, asegura Pedro Zavala, más de acuerdo con endurecer los cortes de ruta que con levantar la protesta.
Zavala tiene 40 años y 400 hectáreas. Las cuentas promedio dicen que en Carlos Casares debería tener una rentabilidad de $ 600.000 en 2008, con retenciones móviles y todo. “Pero los costos en dólares aumentaron tres veces en menos de un año”, advierte, y se queja de que buena parte de los insumos sean importados. “¿Por qué no hay un plan para que no haya que importar semillas y herbicidas?”, se pregunta.
“Este es un negocio a cielo abierto, dependemos del clima y esta zona estuvo muchos años inundada. Entonces, lo que se gana se guarda para cuando vienen los malos tiempos”, asegura Olano, que recuerda el nivel de riesgo

La visión de los jóvenes “Grobo”
Juan Pablo González y Guillermo Pérez son la contracara de los que aseguran que el campo no genera empleo. Trabajan junto a otras personas en una isla de modernidad, al costado de la ruta 5, antes de llegar a Carlos Casares.
Ambos son empleados de Los Grobo, la empresa que conduce Gustavo Grobocopatel, que en total emplea a 500 personas de manera directa. González tiene 28 años y es ingeniero industrial. También un raro exponente de los que prefirieron dejar Buenos Aires para apostar al campo: “Es un sector estratégico para la Argentina, se mire desde donde se mire. Aquí encontramos una oportunidad para diferenciarnos del resto del mundo”, explica González.
Su puesto en Los Grobo es de supervisor comercial, por lo que está en contacto con 2.000 pequeñas y medianas empresas que componen la red para la cual su compañía presta servicios.
Pérez nació hace 30 años en Carlos Casares, ciudad que abandonó sólo por un tiempo, para titularse en Economía Agraria.
Está sorprendido porque es la primera vez que ve tanta gente protestando en su pueblo. “Hay que tener en cuenta que hay mucha bronca, porque esta gente no es escuchada y hace rato que vienen presentando sus reclamos. En este sentido, hay que entender que la protesta es para que haya diálogo con el Gobierno nacional”, afirma Pérez.
“Las retenciones no vuelven al pueblo”
El intendente de Carlos Casares, Omar Foglia, tiene algo especial contra las retenciones. No se queja de ellas porque puedan disuadir a la producción agrícola, sino porque “se van US$ 70 millones por año, sólo de la soja, y nada de eso vuelve a nuestro pueblo”.
Este militante radical cree que las retenciones funcionan como una caja política “con la que se compran gobernadores e intendentes”.
“Este municipio tiene un presupuesto anual de $ 30 millones y recibimos $ 15 millones de coparticipación. Si en Carlos Casares quedaran sólo US$ 10 millones de las retenciones que se llevan, podría dar vuelta el pueblo”, explica.
En contrapartida, “le estoy mendigando a Scioli que nos incluya en un plan de $ 1,5 millón para hacer cloacas”. Más de 40% del casco urbano de Carlos Casares no cuenta con ese sistema de saneamiento.


Fuente: Perfil.com

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